17 DE JULIO: Una justicia lenta no es justicia.
El 17 de julio se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional. Normalmente esta fecha se asocia con el Estatuto de Roma, el tratado internacional que constituyó la Corte Penal Internacional en julio de 1998 tras la guerra en la antigua Yugoslavia y las atrocidades en Ruanda. Pero también creo que es un buen momento para mirar más “en corto” y hacernos una pregunta sencilla y simple: ¿qué valor tiene realmente la justicia cuando llega demasiado tarde?
Porque hablar de justicia no debería quedarse solo en grandes principios, garantías o declaraciones de derechos. Todo eso es imprescindible, por supuesto, pero pierde buena parte de su sentido si, cuando una persona trabajadora, una empresa o cualquier ciudadano acude a los tribunales, la respuesta llega años después de que el problema haya empezado.
Quienes trabajamos recurrentemente ante los juzgados lo vemos cada vez de forma más frecuente. A veces cuesta explicarlo fuera del ámbito jurídico, pero la realidad es muy evidente: procedimientos laborales sobre despidos, reclamaciones de cantidad, derechos fundamentales, accidentes de trabajo o conflictos colectivos se dilatan de forma totalmente injustificada por agendas judiciales desbordadas.
Por poner un ejemplo que ha sido recogido por los medios generalistas hace escasas semanas: en la jurisdicción social de Barcelona se empiezan a señalar juicios para el año 2031 y 2032. Y no hablamos de asuntos menores ni de cuestiones accesorias, realmente ninguno lo es cuando se acude a la justicia, sino de procedimientos que afectan directamente al empleo, al salario, a la continuidad de una relación laboral o a la reparación de una posible vulneración de derechos. ¿Cómo se le explica a alguien que la reclamación que ha tenido que plantear no se va a resolver hasta dentro de cuatro, cinco o seis años … y eso sin contar con potenciales recursos?
Y el problema no se limita al orden social que, salvo plazas determinadas, “funcionaba”, hasta hace pocos años, relativamente bien. Los datos del Consejo General del Poder Judicial reflejan un volumen de asuntos pendientes que supera ya los cuatro millones y medio de procedimientos. De esta forma hay órganos civiles con cargas de trabajo muy elevadas, jurisdicciones contencioso-administrativas especialmente saturadas y órganos centrales que llevan tiempo alertando de una situación muy complicada. Parece que nos hemos acostumbrado a que esto deba ser así. Parece que como la justicia es un “servicio” a las personas – físicas o jurídicas – y no “recauda” como otras administraciones, deba funcionar mal y con injustificadas dilaciones.
Parece que a nadie la importe que detrás de las cifras o los problemas de organización hay consecuencias de todo tipo: jurídicas, económicas y, sobre todo, humanas. Para cualquiera, pero muy especialmente para las personas físicas esperar años para saber si su despido fue o no ajustado a derecho puede suponer vivir demasiado tiempo en la incertidumbre. Y eso genera claras disfunciones que pueden pervertir cualquier procedimiento, por mucha razón que se pretenda tener o que se tenga. Igualmente, para una empresa, mantener abierto durante años un conflicto judicial puede condicionar decisiones de gestión y relaciones laborales internas.
¿Y todo esto qué genera? Pues una clara pérdida de confianza en la justicia y en sus órganos pues no pueden resolver conflictos de forma eficaz.
Nos olvidamos muchas veces de que el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en nuestra Constitución, se diluye o puede hasta desaparecer si la respuesta que pretendíamos obtener en un juzgado o tribunal no se obtiene en un plazo razonable. La Constitución no garantiza una justicia puramente formal, sino una justicia efectiva y real.
Por eso, en una fecha como el 17 de julio, hablar de justicia internacional también debería servir para reivindicar la justicia “de proximidad”: la que resuelve un problema cotidiano, una disputa entre vecinos, un despido, un accidente de tráfico, un impago de salarios o la mera ocupación de un piso a su legítimo propietario. Esa justicia cercana y esencial, es la que sostiene la confianza diaria de ciudadanos y empresas en las instituciones.
Las reformas procesales pueden ayudar, naturalmente. Pero no bastarán si no van acompañadas de medios y dotaciones económicas reales, refuerzos estructurales, tecnología útil – y no simplemente de cara a la galería -, organización eficiente y una planificación que parta de una evidencia: nuestro sistema judicial no puede seguir funcionando al límite de su capacidad como si eso fuera “lo normal.” No lo es ni lo debe ser.
Desde ORTEGA CONDOMINES ABOGADOS creemos que defender la justicia también significa exigir que llegue a tiempo.
Por todo ello, este 17 de julio, reivindicar la justicia es exigir una justicia ágil, con medios suficientes y capaz de ofrecer respuestas útiles. Todos somos responsables de ello.
